Manos Arriba!!! Esto es un atraco

Después de la publicación  en el B.O.E. de la Ley de Presupuestos del Estado, Ley 3/2017, y según la Ley 20/1991,Orden B.O.C. 151/2016, Reglamento CE 1186/2009 y la Vinculante 1789; las importaciones a Canarias donde el precio del artículo, sin incluir los gastos de envío, no superasen los 150€ quedaban exentas del pago del I.G.I.C (Impuesto General Indirecto Canario) de importación, Derechos de Aduana y de la necesidad de presentar D.U.A. (Documento Único Administrativo / Despacho Único Aduanero).

Manos Arriba!!!

En definitiva se lograba que  con los envíos de precio hasta 150€ se actuase como se estaba realizando hasta la fecha con los envíos hasta 22€, o de bajo valor, con una salvedad; cualquier envío que estuviese grabado por el A.I.E.M. (Arbitrio sobre Importación y Entregas de Mercancía) tendría que abonarlo fuese cual fuese su precio de adquisición.

Por desgracia lo que parecía un gran logro, recordemos que la inmensa mayoría de las compras on-line tienen un coste de unos 66€, por lo que casi todas las compras quedarían exentas de tener que tramitar el D.U.A., evitando los costes que muchos transportistas cobraban por este concepto o bien por ceder la documentación necesaria para realizar el despacho por nosotros mismos, autodespacho.

¿Cuál es la realidad?. Lo cierto es que estamos viendo que la mayoría de los transportistas no están por soltar “la gallina de los huevos de oro” y, al ver que ya no podrían cobrar por tramitarnos el D.U.A., se han inventado un nuevo cargo por trámite administrativo. Estos transportistas lo justifican indicando que, aunque es cierto que no se tiene que presentar el D.U.A., se tiene que realizar un trámite administrativo y esto conlleva un gasto. Este trámite consiste en rellenar 6 casillas con información básica del envío. La realidad es que anteriormente, por los envíos de bajo valor, también se tenía que realizar un trámite por el que no cobraban, trámite que es inherente al servicio que realizan y más complejo que el de las 6 casillas. Lo más curioso es ver como intentan engañar o justificar dicho cobro, llegando a indicar en muchos casos que la Ley 3/2017 aún no está en vigor o burradas parecidas.

Se ha formado un gran revuelo en las diferentes redes sociales ya que no se entiende esta actitud y no se está dispuesto a ser víctimas de lo que consideramos una estafa. Incluso muchos medios de comunicación se han hecho eco de esta situación que no tiene justificación alguno. Dichos medios han consultado con responsables de la Agencia Tributaria Canaria y estos no entienden como, después de haber simplificado el trámite,  se continúan produciendo cobros injustificados.

Por otro lado, al tratarse de un coste de su actividad, como ellos lo justifican, deberían de cobrárselo a su cliente, la persona que contrata sus servicios, el remitente. Nosotros, los destinatarios, no somos sus  clientes y no hemos contratado ninguno de sus servicios, por lo que no existe ninguna razón para que nos intenten facturar nada. Al tratarse de un coste de su actividad, este debería ser incluido en los gastos de envío y cobrarse a la persona que contrata, como ya hemos indicado el remitente. Claro que de hacer eso igual se quedaban sin clientes al marcharse con  la competencia, transportistas que sin han acatado la Ley y que mantienen sus precios de envío sin intentar estafar al destinatario.

Es curioso comprobar, al ver “el sistema” en detalle, que se trata de un absurdo. Pongamos un ejemplo:

    Fulanito, que vive en Canarias, compra online una maqueta en península que le cuesta 45€ + 9€ de gastos de envío. Abona la compra y su vendedor lleva su mercancía al transportista, abonándole esos  9€ para el envío. ¿Que se paga con estos 9€?

    • Recogen y registran el paquete en la delegación local de península
    • Se transporta hasta la delegación provincial de esa empresa
    • Presentar declaración de expedición T2LF o D.U.A. de exportación ante aduanas para manifiesto de carga
    • Se transporta hasta el avión o barco que lo traerá a Canarias
    • Presentar D.S.D.T. ante A.E.A.T. para retirar Grupaje de Zona Franca
    • Se transporta desde el aeropuerto o puerto a la A.D.T. (Almacén de Depósito Temporal) de la empresa en las islas
    • Se realiza este trámite obligatorio por su servicio, rellenar  6 casillas.
    • Se lleva a la dirección del destinatario.

  • La realidad no es tan bonita, resulta que por rellenar esas 6 casillas se intenta cobrar un mínimo de 9€ al destinatario, esto no está incluido en los gastos de envío para muchos transportistas. Es curioso ver como casi cuesta lo mismo todo ese tránsito de nuestro paquete que hacer ese procedimiento. Además, estamos viendo casos donde se reclaman hasta 22€ por dicho trámite y que, después de reclamar el destinatario, se hace “una rebaja” hasta los 9€.

  • Volvemos a recordar que dicho procedimiento es obligatorio e inherente a su actividad. ¿Por qué no lo añaden a sus costes de envío?

    Desde nuestro grupo de Facebook y cuenta de Twitter estamos recomendando que no se abone ninguna cantidad, se rechace el paquete y se le solicite al vendedor la devolución íntegra de lo abonado, explicándole la situación de estafa y extorsión a la que se nos intenta someter (o  abonamos lo que nos piden o bien nos amenazan con proceder a su destrucción o devolución). Consideramos que tiene que ser él, contratante del servicio, quien discuta con el transportista y que estime si le merece la pena continuar utilizando sus servicios.

  • Además de esto también recomendamos que se interpongan una denuncia en consumo contra la compañía de transportes y que, de forma paralela, se formalice una demanda verbal (B.O.E. 24, 28/01/2016, pag 7311) contra la compañía de transportes.

  • Entendemos que los transportistas solicitan un pago por unos conceptos que, por la Ley 20/1991 art. 14.11, está exento de I.G.I.C. y, por  la orden del 151/2016 del B.O.C., exenta de presentar  D.U.A.  Además infringe varios artículos del REAL DECRETO 1/2007, de derechos de los Consumidores y Usuarios, entre ellos los artículos  82, 89 y 97. Por último se encuentran en una posición de fuerza sobre el usuario exigiéndole el pago o indicando que se procederá a destrucción o devolución del envío.

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