Ni están ni se les espera. Indefensión por parte del GobCan

Estas semanas hemos estado en contacto con un Alto Cargo del Gobierno de Canarias  y dirigente político municipal respecto a su inacción con los transportistas y sus mordidas ilegales respecto a los envíos de bajo valor. Esta entrada es un resumen de dichos contactos y de, para nosotros, su inexplicable aunque aclaradora respuesta final.

A final del julio y después de haberles explicado la situación por enésima vez nos respondieron con las medidas que había realizado el Gobierno de Canarias y las bondades de las mimas:

Respecto al DUA, desde la entrada en vigor de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado, en las cuestiones comentadas de modificación de aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, se vienen produciendo numerosas irregularidades por determinadas empresas de transporte urgente, en la aplicación de la legislación vigente, en relación a la importación de artículos desde Canarias. Estas irregularidades consisten en la costumbre de aplicar cargos al importador en el momento de la recepción de envíos que están exentos, por su importe, de trámites de importación, en conceptos diversos, según la empresa, tales como : arbitrios, inspección, aduanas, trámites administrativos, importación, etc., con argumentos sin fundamento legal, como por ejemplo : existe un vacío legal, está publicada pero no desarrollada, los trámites hay que realizarlos y son muy costosos, etc.

¿Qué ha hecho el Gobierno de Canarias al respecto dentro de sus competencias?

1-. Se puso en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a los efectos oportunos.

2-. La Directora General de Comercio y Consumo mantuvieron una reunión con la Directora de la Agencia Tributaria Canaria, sus técnicos respectivos y la empresa transportista Correo Express, una de las más reclamadas por los usuarios. Como resultado de la misma, se acordó que estas empresas debían de eliminar el concepto de “gastos de gestión aduanera” en sus facturas, puesto que originaba confusión en los consumidores y usuarios, así como debían de especificar los servicios que se ofrecen al consumidor dentro de la nueva denominación, para una mejor comprensión de los mismos.

3-. A su vez, se procedió a remitir a todas las empresas de mensajería urgente contra las que se han presentado reclamaciones tales observaciones, a los efectos de fueran tenidas en cuenta en sus próximas facturaciones. Como resultado, se ha constató una bajada del precio, de 16,00 a 6,90 €, cobrando esta cantidad por gastos administrativos y no por gastos aduaneros.

Este es el trabajo que se ha hecho al efecto. Te seguiré informando sobre el resto de temas pendientes.

Saludos.”

Ante esta respuesta en la que se describían “las medidas” adoptadas, por todos conocidas, y conocedores del poco o nulo efecto que han tenido en la situación, respecto a los envíos de valor inferior a 150€ y no gravados por el A.I.E.M, les volvimos a responder con lo que llevamos  indicado en el grupo todo este tiempo:

“XXXXXXX (nombre del alto Cargo) eso ya lo se y es el corta y pega de prensa del Gobierno de Canarias desde hace mucho tiempo para no cumplir con su labor en Consumo ya que esta claro que eso es algo que la orden del hacienda obligan a los operadores de transporte,  orden del BOC 151/2016 artículo segundo y que cobrar por cualquier nombre de concepto sea el que sea el que se ponga en la factura es ilegal salvo aquellos que el destinatario hubiese solicitado ajeno a cualquier tramite o gestión ante la Agencia Tributaria y que de exigir pago alguno esta infringiendo el Real Decreto Legislativo de consumidores y usuarios 1/2007 en el

  • Artículo 89. Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato. En todo caso tienen la consideración de cláusulas abusivas:
    ▪3. La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario.
    ▪4. La imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados.

 

  • Artículo 97. Información precontractual de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil.
    ▪1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento o cualquier oferta correspondiente, el empresario le facilitará de forma clara y comprensible la información de los costes finales…

Y el problema es que Consumo del Gobierno de Canarias no esta sancionado a esos transportistas por esos actos ilegales que son extorsiones y estafas, cuando las leyes de consumo son implícitas en ese aspecto, pero todo hace pensar que desde el Gobierno de Canarias no hay interés en poner remedio a este problema que se soluciona con poner sanciones a ‘tutiplay’  y ya dejarán de hacerlo.”

En definitiva le respondimos que esa excusa sin sentido es la que nos llevan contado a todos nosotros y a los diferentes medios de comunicación desde hace más de dos años. La realidad es que consideramos que no están ejerciendo su responsabilidad y competencias en materia de Consumo, se han limitado a darles la idea de cambiar el nombre del concepto para que suene mejor y no se relaciones con el Gobierno de Canarias, pero por esta razón no deja de ser ilegal ya que no se le puede cobrar nada al destinatario al no ser parte en el contrato de servicios entre el remitente y el destinatario.

Ante esta nueva respuesta nuestra nos han contestado de con la absoluta indefensión desde el Gobierno de Canarias. Por decirlo más coloquialmente se han lavado las manos respecto a este problema. Aquí les transmitimos la respuesta para que puedan juzgar ustedes mismos:

“Respecto al tema del DUA, me han confirmado que el gobcan no es competente y menos Consumo. Te envío la respuesta de los técnicos de la Consejería:

La relación jurídica se produce entre comerciante (vendedor) y consumidor (comprador). La figura del transportista no aparece en la misma en lo que respecta a la competencia de este Centro Directivo.

– La infracción que se pueda producir en cuanto a “publicidad engañosa” por no contemplar,  en la información comercial, el total del precio final, con la puesta a disposición de la mercancía en el domicilio del consumidor, sería competencia, en todo caso, de Consumo de la provincia o Comunidad Autónoma en donde radique la empresa vendedora, es decir, el lugar donde se produce la infracción.

– Es la propia Agencia Tributaria Canaria, al obligar a los consumidores a recibir la mercancía mediante la cumplimentación del Documento de levante de la misma, exigiendo que sea a través de una agencia de aduanas y no de una autoliquidación del propio consumidor, lo que encarece la puesta a disposición de la mercancía.

– Consumo no interviene en la relación jurídica entre comprador y transportista ya que éste último no interviene en la transacción, pues depende de la empresa vendedora.

En definitiva se están dirigiendo a la administración no competente, y además, con un planteamiento erróneo respecto a la figura del transportista.”

Por lo tanto y según esta respuesta se nos indica que no esperemos ninguna acción del Gobierno de Canarias o Consumo sobre los transportistas. Estos pueden continuar con sus cobros ilegales con total impunidad.

Pues nada, muchas gracias Gobierno de Canarias, nosotros por nuestra parte continuaremos peleando y exigiendo que cumplan con lo que la ley dice, aunque sea sin el respaldo de nuestros representes, sobre los que recae dicha responsabilidad. Ya tenemos claro que ni están ni los esperamos….

Actualización a 08/08/2018.

Muchas gracias a José Pérez que nos ha recordado este dato:

En una página web oficial del Gobierno de Canarias ( pongo enlaces abajo y a continuación), concretamente una perteneciente a la Cosejería de Economía, industria, Comercio y Conocimiento, hay una guía de comercio electrónico sellada por el propio gobierno donde en su página numero 9 y resaltado en negrita Se Recomienda presentar una reclamación al transportista y recurrir a los servicios de protección al consumidor, precisamente, cuando se den los casos que este grupo ha denunciado ante el gobierno… ¿Ha sucedido algo para que donde antes tenían competencias, ahora no las tengan?
Guía oficial ( ver página 9 )
”  Enlace a la guía

En definitiva, que se confirma que se lavan las manos respecto a nuestros derechos, aunque sobre el papel te recomiendan reclamar. Entonces, ¿tienen o no tienen competencias al respecto?. A ver si se aclaran y se dedican a tomar cartas en el asunto ya que es su responsabilidad.

 

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